Ann Cairns es presidenta Internacional de Mastercard, responsable de la gestión de todos los mercados y de las actividades relacionadas con clientes fuera de Norteamérica.
Durante mucho tiempo, la inclusión financiera se ha considerado un tema que afecta principalmente a los países en desarrollo. Lo cierto, no obstante, es que según un estudio reciente de Mastercard, más de 130 millones de personas en Europa no disponen de cuenta bancaria o de servicios relacionados[1]. Cuando tanto las personas como las pequeñas empresas no pueden participar en el sistema financiero y por ello únicamente pueden realizar transacciones en efectivo, una cantidad significativa de la riqueza permanece fuera del sistema financiero, lo que repercute en que el crédito sea escaso y costoso. Tanto las personas como el crecimiento económico sufren sus consecuencias.
En Europa, la población excluida financieramente no es aquélla que solemos imaginar. Según el estudio The Road to Inclusion 2016 de Mastercard, más de uno de cada ocho excluidos financieramente han vivido en el mismo país toda su vida. Además, un tercio de este sector cuenta con un empleo a tiempo completo y el 35% se encuentra en el rango de edad de los 18 a los 34 años.
Como compañía socialmente responsable, Mastercard reconoce el papel que puede desempeñar contribuyendo al crecimiento inclusivo si aborda este desafío. Por ello, estamos trabajando en todo el mundo para compartir nuestra experiencia en pagos digitales con gobiernos y otras instituciones, con el objetivo de impactar sobre 500 millones de personas excluidas para el año 2020.
Este esfuerzo resulta clave, puesto que el acceso a la tecnología a través de smartphones entre los excluidos ha incrementado de manera significativa, desde un 29% hasta un 49% en los últimos tres años; y el interés en la banca móvil se ha más que duplicado durante el mismo período de tiempo.
Las empresas tienen un papel por desempeñar, pero el liderazgo debe provenir de los gobiernos. Resulta alentador ver que tanto a nivel de la Unión Europea como de sus estados miembros, se están tomando medidas al respecto. En 2014, la UE adoptó la Directiva sobre Cuentas de Pago, que aspiraba a lograr una mayor inclusión financiera. Ésta aseguraba el derecho a una cuenta bancaria básica, y deberá quedar plasmada en la legislación nacional en toda Europa . Las cuentas corrientes básicas, por tanto, deben estar garantizadas para cada uno de los habitantes de Europa.
Si asumen el objetivo de acabar con la exclusión como medida para potenciar el crecimiento, las políticas pueden tener un impacto positivo en la vida de las personas y en los ingresos de los estados.
La economía digital global está prosperando, y ésta depende de los pagos electrónicos para hacer posible que empresas, gobiernos e individuos estén conectados. Sin embargo, mientras cada vez más servicios y consumidores se digitalizan, el coste social y económico de la exclusión financiera aumentaría exponencialmente, si los gobiernos y el sector privado no abordan este aspecto con prontitud.
[1] Datos del Banco Mundial: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=1228